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agosto 08, 2020
Y es que si bien son un puñado los senadores y diputados electos que han anunciado su renuncia a estos privilegios (unos siete de 222), algunos de estos son representantes de las demarcaciones con más habitantes del país. Y, además, ocuparán puestos claves dentro del Congreso.
Es el caso de Eduardo Estrella, el senador por Santiago que ganó con el mayor margen de diferencia frente a su competencia, y quien se perfila como el próximo presidente del Senado. La provincia de Santiago tiene el 11 % de los electores con 756,504 votantes.
Faride Raful, electa senadora del Distrito Nacional y vista como vocera del Partido Revolucionario Moderno en la cámara alta, también renunciará a los privilegios. Su candidatura representa al 11 % de los electores, que son 772,359. Otro que anunció que no recibirá esos privilegios, es Antonio Taveras, quien representa a la provincia Santo Domingo, la más grande del país con el 22 % de los votantes (1,5 millones de ciudadanos).
Solamente estos tres senadores, representan al 44 % de la población dominicana distribuida en las tres provincias más grandes del país, en términos electorales. A la lista de renunciantes se suman los diputados por Alianza País, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez. También lo prometió el diputado nacional electo por Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo. Sobre todos ellos se espera que pueda salir una iniciativa legislativa que reviva la discusión sobre modificaciones en ese sentido.
En este contexto, el diputado Bolívar Valera, elegido por Santo Domingo, también prometió que en lo que se acuerda una solución colectiva donará su “salario, exoneraciones y cualquier beneficio como diputado” a favor de fundaciones de su circunscripción. Valera es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, organización política con mayoría en más de una década en el Congreso, que no mostró prioridad en tocar estos beneficios.
Precisamente, las “donaciones” son el centro de las críticas más duras a los legisladores, porque es ahí donde se escudan los fondos de asistencia social, los famosos “barrilitos”, para la Cámara de Diputados, y “cofrecitos”, para el Senado, que es el dinero asignado al Congreso para que los legisladores hagan “ayudas y donaciones” en sus provincias, una función ajena a la legislación, aunque culturalmente aceptada.
Las “ayudas y donaciones a personas” presupuestadas en la Cámara de Diputados, en el primer semestre de este año ascienden a 778.9 millones aprobados, que son manejados por el presidente de la Cámara y otorgados al diputado que solicite. Los senadores reciben un monto base de 400,000 mensual para esas ayudas, más 1 peso por cada elector registrado en su provincia. Para este 2020, lo presupuestado en “ayudas y donaciones a personas”, es de 449.8 millones de pesos en el Senado.
Las exoneraciones a impuestos para la compra de vehículos es otro de los beneficios más cuestionados. Los legisladores pueden importar hasta dos vehículos por gestión, sin monto límite. Eso ha dado pie a un tremendo negocio, pues se venden por decenas de miles de dólares estas exoneraciones a concesionarios que traen vehículos de lujos, y que pagan esta facilidad al dueño de la exoneración con dinero en efectivo.
@acento
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