El individuo fue identificado cómo Diego Castaño. Fue arrestado por quitarle la vida a su expareja y por haber confesado el triste hecho podría enfrentar una pena de 50 años.
Después de 17 años de que un grupo de 602 militares y policías dominicanos fueran a la guerra de Irak como parte de una misión de apoyo y reconstrucción, una comisión de oficiales determinó que el Gobierno debe pagarles US$1,942,526 (unos 114 millones de pesos) por concepto de viáticos, especialmente a los que participaron como miembros de las Fuerzas Armadas.
En un documento que envió en junio pasado el exministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, al entonces ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se incluye la investigación interna hecha por un mayor general, cuatro generales y dos coroneles, en la que concluyen y recomiendan que se distribuyan US$1,209,406 en la Fuerza de Tarea Quisqueya I, que estuvo integrada por unas 302 personas, y US$733,120 en la Fuerza de Tarea Quisqueya II, que abarcó al resto.
Según se informó a Diario Libre, compete ahora a la Presidencia determinar de dónde saldrán los fondos para hacer esos pagos que por años reclamaron participantes en la misión especial.
Los 602 miembros que cita la comisión –también se ha manejado 604– fueron enviados a Irak en agosto de 2003 y en enero de 2004 por el entonces presidente Hipólito Mejía, quien buscaba la reelección. A pesar de la oposición política y social de esa decisión, el Gobierno dijo que se envió al contingente para ayudar al pueblo iraquí a reformar sus instituciones y reconstruir su país asediado por una guerra motivada principalmente por la supuesta posesión y desarrollo de su líder, Saddam Hussein, de armas de destrucción masiva.
La base de operaciones de los dominicanos estaba en Diwaniya, una ciudad a unos 180 kilómetros al sur de Bagdad. El grupo se integró a tropas de Honduras, El Salvador, Nicaragua y España (que las encabezó) para conformar la Brigada Multinacional Plus Ultra de la operación Iraqui Freedom, liderada por los Estados Unidos.
Según el Ministerio de Defensa, el personal que participó en las Operaciones de Estabilización (reconstrucción) en el Estado Árabe de Irak realizó tareas de vigilancia, patrullaje e inteligencia, hasta que se terminó la misión en mayo de 2004.
Tras su retorno, hubo militares que presentaron estrés postraumático y otros aún tienen secuelas comunes como agresividad e intolerancia. El excabo Rubén Rivas Rodríguez, quien fue miembro de la Fuerza de Tarea Quisqueya II, mantuvo un cuadro mental que le provocó vivir como un demente, según comprobó Diario Libre en un reportaje publicado en mayo de 2019.
Unos 143 integrantes de la misión dominicana en Irak conformaron el “Club de Veteranos Unidos Unión y Fuerza, de la Fuerza de Tarea Quisqueya I y Quisqueya II”, y además de los viáticos ahora comprobados, también solicitaron por años al Gobierno pensiones, viviendas y condecoraciones, asegurando que también les fueron prometidas.
Al respecto, la comisión investigadora de oficiales militares asegura que no encontró evidencias, referencias o documento oficial que confirmen estas promesas y recomendó que estas exigencias sean remitidas al Poder Ejecutivo “para su elevada ponderación y posible aprobación, en virtud de que las mismas escapan de las funciones y capacidades otorgadas por el Estado al Ministerio de Defensa”.
El excapitán del Ejército, Luis Cavallo Cuello, quien fue miembro de la Fuerza de Tarea Quisqueya I, no está del todo conforme. “No me siento satisfecho porque no es lo mismo cuando usted me dice a mí: ‘mira, te voy a dar esto’, a cuando se lo está diciendo a 604 hombres. A los 604 hombres les hicieron la misma promesa, y particularmente sentimos que las Fuerzas Armadas nos ha vulnerado el derecho de exigir algo que nosotros, poniendo nuestras vidas en peligro, nos lo ganamos”, dijo.
Con el decreto 235-16, el Poder Ejecutivo concedió en 2016 la condecoración del Orden al Mérito Militar con Distintivo Rojo a 295 miembros de la Fuerza de Tarea Quisqueya I y Quisqueya II. La comisión investigadora indica que se pudo determinar que fue por el historial de vida militar de los honrados.
A pesar de que fue el 23 de noviembre de 2018 que el Ministerio de la Presidencia remitió al Ministerio de Defensa la solicitud de investigación de los reclamos de los miembros de la Fuerza de Tarea, fue hasta el 29 de enero de 2020 cuando el entonces ministro de Defensa designó una comisión para tal fin, según se indica en el documento de la investigación.
La comisión entrevistó a 42 miembros del Club de Veteranos, quienes hicieron hincapié en que lo más importante de sus reclamos era el pago de viáticos y pensión, dice el informe.
En la investigación se precisa que los viáticos y especialismos fueron pagados de manera oficial a los miembros de la misión que eran parte de la Policía Nacional, por lo que no estarían incluidos en los US$1.9 millones que se recomienda distribuir entre los veteranos, ya que solo está pendiente el pago total o parcial a los miembros de las Fuerzas Armadas.
La comisión de oficiales militares recomendó a la Presidencia que, de ser acogido el pago de los viáticos, sean tomados en cuenta la totalidad de los miembros activos y en retiro, así como los sucesores legales de los finados que conformaron la Fuerza de Tarea Quisqueya en sus dos movilizaciones.
Miembros de la comisión
La comisión investigadora la conformaron los generales de brigada Santo Domingo Guerrero Clase, Pedro Pablo Hurtado Cabreja, Francisco Ovalle Pichardo y Abrahan Emilio Luna Rodríguez; los coroneles Ángel Camacho Ubiera y Bernardo Jiménez Fulcar; y el mayor general Braulio Alcántara López.
El portavoz del grupo, se negó a proporcionar de inmediato el lugar donde ocurrió, que dijo era para proteger la seguridad del dueño de la bodega.
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