Esta es una historia de tres generaciones de mujeres marcadas por el incesto, el abuso y el desamparo que enfrentan muchas víctimas de violencia sexual en una sociedad que, según la sicóloga Fior de los Santos, experta en prevención y atención del embarazo en adolescentes, todavía tolera y en ocasiones justifica la violación de niñas y adolescentes.
Primero, que hable “Elena”: “Una pesadilla, las cosas se repiten. Sí, mi papá abusó de mí, primero no entendía bien lo que pasaba, fue horrible”, dice, mientras observa a su hija, una niña de 13 años que ya es madre.
Además de ser violada por su padre, quien, después de un tortuoso proceso judicial fue sentenciado por incesto, “Elena” también fue abusada por un conocido de la familia. El hombre, unos diez años mayor que ella, la embarazó y no sufrió ninguna consecuencia legal por sus actos. Su hija “Yuli” es producto de esa “relación” abusiva. “Elena” fue madre a los 15 años.
Ahora, que hable “Yuli”, la hija de Elena, una pequeña con porte serio, como de señora, que comenta con madurez y hastío detalles de un proceso judicial en el que ella y su madre invierten energías y parte del escaso presupuesto familiar: “Ya he venido aquí (a la cámara Gesell) como tres veces y nunca lo traen, nunca, quiero que todo esto acabe”, dice. A quien “nunca traen” es a su padre, el hombre que la violó durante cinco años y finalmente la embarazó. Ahora, además de tener que superar el trauma, enfrenta la lentitud de un proceso judicial que la hace revivir una y otra vez el abuso y el desamparo.
Su caso no es algo extraordinario en la República Dominicana, donde solo entre enero de 2018 y junio de este año la Procuraduría General de la República registra 525 incestos, en promedio, unos 29 casos por mes, casi uno cada día.
De acuerdo con el artículo 332-1 del Código Penal: “Constituye incesto todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”.
Cuando la voz del abusador vale más
Durante siete años, “Elena” se ocupó de su hija sin el apoyo del padre biológico de la niña. Pero un día él la contactó y le dijo que quería aportar a la manutención y hacerse cargo de la pequeña. Ella aceptó que la viera los domingos y la llevara a su casa, porque ese día también estaban presentes su esposa y otras niñas.
Pero, poco a poco el abusador empezó a demandar más tiempo con “Yuli”, quería llevarla a su casa todas las tardes. Entonces “Elena” se opuso. Así empezó un proceso legal por la custodia de la niña en el que el abusador obtuvo cada vez más privilegios.
“Me dice ‘pues si no me dejas la niña, yo voy a la fiscalía’. Le dije ‘ve donde tú quieras ‘. Me trae la cita, fuimos. ¡Oh y allá la jueza determina, con oírlo a él, que la niña estaba sucia, mal vestida, que no asistía a la escuela! Al mes me lleva el papel (el padre) y me dice, ‘toma, léelo y vengo el próximo domingo’. El papel decía que habían decidido darme la guarda y la custodia, pero que le iban a dar dos fines de semana por mes: viernes, sábado y domingo. El papel decía qué días feriados la niña se tenía que ir con él”, cuenta “Elena” y se queja de que no fue escuchada, a pesar de demostrar que su hija iba a la escuela, y tenía sus necesidades básicas cubiertas a pesar de vivir en un hogar empobrecido.
Para la sicóloga Fior de los Santos, el caso de “Elena” y “Yuli”, que conoció ejerciendo su trabajo social, debe ser motivo de reflexión sobre el funcionamiento del sistema judicial, del Ministerio Público y de las redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia sexual y otros abusos.
La tercera mujer relevante en esta historia es la mamá de “Elena” y abuela de “Yuli”. Ella también tuvo que luchar para salvar a su hija del incesto y salvarse a sí misma de una relación violenta. A pesar de todas las luchas de las mujeres de esa familia por salvar a sus hijas, la historia de violación y abuso lleva, al menos, tres generaciones entre ellas.
Si bien con la intervención de instituciones públicas y de otro tipo de organizaciones lograron que se condenara al padre de “Elena” por incesto y que la terapia le permitiera a la entonces adolescente reconstruir su vida con relativo éxito, el sistema no logró evitar la repetición de la historia y no protegió a “Yuli”.
Ahora “Elena” teme que el violador de su hija se salga con la suya, que evada la justicia, en un caso que le ha resultado difícil desde el primer día. Cuando puso la primera denuncia por violación e incesto, el violador fue liberado luego de la primera detención porque no se emitió a tiempo una orden de arresto.
Entonces “Elena” tuvo que realizar muchas gestiones y buscar apoyos de instituciones y abogados para que el violador de su hija fuera encarcelado.
Tolerancia a la violación
Aunque en comparación con otras violencias sexuales contra niñas y adolescentes, jueces, fiscales, maestros y proveedores de salud son relativamente diligentes para proteger a las víctimas de incesto y denunciar y condenar los agresores, según la sicóloga Fior de los Santos y la abogada del Ministerio de la Mujer, Juana Rosario, todavía quedan retos para enfrentar este delito.
Rosario, quien acompaña a mujeres y niñas víctimas de distintos tipos de violencia, destaca cómo uno de los obstáculos -aunque no es exclusivo de los casos de incesto- la lentitud para detener a los acusados después de que se registra la denuncia.
Abogados del sector privado confirman que, en ocasiones, una orden de arresto que debe emitirse y ejecutarse en 24 o 48 horas, especialmente si las víctimas están en riesgo o cuando el acusado puede fugarse, dura hasta ocho días en proceso.
Otro reto es la indiferencia de la sociedad. Fior de los Santos cuenta que en su trabajo de prevención comunitaria desde el sector público y en su ejercicio privado, ha visto cómo parientes y vecinos sospechan que niñas y niños son abusados sexualmente y no denuncian el hecho a las autoridades correspondientes.
“Un día se me acercó un alcalde pedáneo y me contó de una niña que vive con el papá, y de su hermana que se suicidó. Pero todos intuían que fue por el abuso de su papá”, dice y explica que por años nadie denunció a las autoridades ni trató de proteger a las menores.
Rosario matiza que la tolerancia, una vez la comunidad se convence de que hubo incesto, es cada vez menor. Explica que los agresores no lucen como monstruos, son personas que parecen comunes y corrientes, en ocasiones amables, y se duda de los testimonios de las niñas y adolescentes.
Recuerda un caso en el que las personas de un barrio alquilaban guaguas para ir a los juicios a defender a un hombre, miembro de una iglesia cristiana, que resultó culpable de incesto. Le tomó varios meses a la comunidad entenderlo, pero cuando lo hizo, le retiró el apoyo al violador.
No ocurre igual cuando las adolescentes son violadas o abusadas por hombres que no son sus parientes. En estos casos suele aparecer el prejuicio de que las niñas “provocan” a los varones y se genera menos solidaridad y apoyo en una parte de los proveedores de salud, jueces, otros funcionarios y la comunidad, explican Rosario y De los Santos.
Este estigma dificulta combatir la generalizada violencia sexual contra personas menores de edad, especialmente niñas y adolescentes. El abuso y embarazo adolescente de “Elena” no es algo extraordinario.
Entre enero de 2018 y junio de 2019, 3,189 menores (177 por mes) fueron víctimas del delito de “seducción de menores”, eufemismo para decir que un adulto abusa de un adolescente luego de “convencerlo”.
Falta de educación
Para la sicóloga Fior de los Santos, parte importante del problema es la falta de educación sexual de niñas, niños adolescentes, de las familias y de la comunidad para prevenir y detectar el abuso.
Entiende que las escuelas deben promover una educación sexual de calidad, sin tabúes y basada en derechos para que los niños entiendan sus derechos, conozcan su cuerpo y sepan cuándo y dónde deben buscar ayuda. También piensa que es necesario mejorar los mecanismos de protección a las víctimas y escuchar más a las mujeres.
La sicóloga lamenta que “Elena” no haya tenido más apoyo en el Ministerio Público y en la Justicia, que no protegieran a su hija, que se repitiera, de forma aún más cruel, su propia historia. “Eso me demolió, ver que eso llegaba a su vida 13 años después”, comenta. Y “Yuli” quien fue violada y parió una hija fruto de la violación de su propio padre, dice: “solo espera que esto termine”, es decir, espera justicia, que su violador sea condenado para continuar con su vida.
Denunciar el abuso: es un deber ético y legal
Las personas adultas son legalmente responsables de denunciar los abusos contra niñas, niños y adolescentes. Se puede denunciar de forma anónima a la Línea Vida del Ministerio Público al (809) 200 1202.
La abogada Violeta Quezada destaca que incluso la sospecha debe mover a la denuncia y a la investigación de posibles casos de abusos.
El artículo 14 del Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes establece que: “Los profesionales y funcionarios de las áreas de la salud, pedagogía, sicología, trabajo social y agentes del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad penal y civil, con respecto a la información que proporcionen”.
De acuerdo con este artículo, no cumplir con la obligación de denunciar el abuso puede ser sancionado con el pago de uno a tres salarios mínimos.
Dato
Casi todos los días, al menos una niña o un niño es abusado sexualmente por un pariente en la República Dominicana, si se toman como referencia las estadísticas de la Procuraduría General de la República. En 18 meses, de enero de 2018 a junio de 2019, se registraron 535 casos de incesto.
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