El “peaje sombra” Santo Domingo-Samaná está desangrando el fisco en el país, según Rafael Jovine, autor del informe “Autopsia fiscal: evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para garantizar derechos”, publicado por Oxfam en República Dominicana.
El documento indica que el subsidio por peaje sombra es uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno dominicano en toda su historia. Detalla que su costo para el fisco asciende a RD$3,566.9 millones en el año 2019, un incremento del 38% con relación al año anterior.
“Esto así porque el Estado firmó con el consorcio de empresas constructoras, Autopista del Nordeste S.A., un contrato en modalidad concesión vial, en el cual la inversión privada se encargaría de construir y financiar directamente el 80% del costo total de las carreteras Autopista del Nordeste (o Juan Pablo II) y el Boulevard Turístico del Atlántico entre los años 2006 y 2011, a cambio de que el Gobierno les cediera por 30 años el derecho exclusivo de recaudo del 100% de peajes en ambos trayectos”, explica Rafael Jovine, economista y autor del informe de Oxfam.
Añade que, no obstante, el acuerdo establece un ingreso mínimo garantizado, el cual, de no cumplirse las recaudaciones esperadas por la empresa en el flujo de vehículos por carretera, tendría que ser compensado por el Estado dominicano. Esa diferencia, que ha resultado deficitaria desde que se inauguró el proyecto, es lo que se conoce como peaje sombra.
El profesional indica a través del informe que, para tener una idea, el costo total de ambas autopistas fue de alrededor de US$305 millones o lo equivalente a aproximadamente RD$11,000 millones al tipo de cambio de los años de construcción. Sin embargo, durante el período 2012-2019 solo por concepto del subsidio por “peaje sombra”, el fisco le habría pagado a la empresa unos RD$21,000 millones, lo cual representa unos US$457 millones.
En esa cantidad de recursos no están incluidas las recaudaciones directas de la empresa en los peajes. Es decir, tan solo en los primeros ocho años de funcionamiento de la carretera, el capital privado casi ha duplicado su inversión, y aún le quedan 20 años de concesión.
“Esta modalidad contractual representa una fuga de recursos considerables para el fisco, aparte del costo de bolsillo para la ciudadanía en general, que ya supera los RD$2,000 pesos por trayecto ida y vuelta. Aunque con menor volumen de recursos, también resulta relevante mencionar las transferencias que realiza el Ministerio de Interior y Policía (MIP) a los denominados gobernadores provinciales”, explica el economista Rafael Jovine.
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