Según la noticia de la referida página, el contrato fue firmado, además con José Leonardo Martínez Hoepelman, Valentín Medrano y Julio Miguel Cury David (Julio Cury).
La firma fue suscrita en fecha el 17 de marzo de 2020 y concluiría el 23 de diciembre de 2023 y contemplaba una asesoría legal “gratuita”, pero si las actuales autoridades tomaban la decisión de suspender el acuerdo tendrían que pagar 20 millones de pesos, cinco para cada abogado.
En su cuenta de Twitter, Jorge Prats anunció que no “tenía ninguna objeción a que se rescinda de manera inmediata e unilateral” el referido contrato. También dijo que no tenía interés en una indemnización y dejó claro que esa asesoría tenía un carácter honorífica.
“Declaro formal y expresamente, con todas sus consecuencias legales, que no tengo ninguna objeción a que se rescinda inmediata y unilateralmente, sin indemnización alguna, mi contrato honorífico, porque no obligo a mis representados a que retengan mis servicios contra su voluntad”, fue el post que colgó en su cuenta en la que hacía mención a la publicación de acento.com, cuyo título es “Jean Alain dejó contratos “gratuitos” hasta 2023 con Julio Cury, Eduardo Jorge, Valentín Medrano y Martínez Hoepoelman, y rescindirlos costaría RD$20 millones”.
La noticia de Acento dice que los contratos les llegaron de una fuente anónima y que fueron q suscritos por separado por los cuatro juristas, pero que tienen las mismas bases y, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020.
“El entonces Procurador General de la República, Jean Alain García, le otorgó un “poder especial” al notario Rodríguez Imbert para contratar a los cuatro notables abogados, con la finalidad de poder enfrentar la objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al “Concurso Interno para la Selección de Titularidades” convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020”, indica la publicación.
El contrato, en su artículo 2, indica que la representación de los abogados es “gratuita”, pero el 4 (relativo a la cláusula penal) indica que si se pone fin al acuerdo se deberá pagar RD$5 millones de “indemnización moral”.
La noticia de Acento dice que los contratos les llegaron de una fuente anónima y que fueron suscritos por separado por los cuatro juristas, pero que tienen las mismas bases y, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020.
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