Después de meses de un intenso pulso judicial y en pleno año de elecciones, la Administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de “carga pública”, que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.
La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois.
El Supremo había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.
La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.
INMIGRACIÓN FRENTE A CARGA PÚBLICA
Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio “es inadmisible” en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.
A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.
Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó a Efe que esta normativa cambiará “radicalmente” el sistema de inmigración estadounidense “a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes”.
No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que “las personas que no tienen nada que temer” tras su implementación, “se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos”.
TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA
Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de “carga pública” afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.
Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado.
“La regla es casi como una prueba de riqueza”, agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: “Las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo” y hablan inglés.
Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos.
“El presidente quiere transformar nuestro sistema hacia un sistema de mérito”, sentenció para detallar que el esquema actual estadounidense está basado principalmente en la familia.
CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA
Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación.
La firma Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino también al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora.
Esta “prueba de riqueza”, anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de “más personas de países de Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza”.
Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigran al país de forma regular “son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares”.
En ese sentido, consideró que la norma puede “aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias”.
“Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EE.UU. debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EE.UU.”.
Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país.
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