Con la aprobación de esta ley, propuesta por la Fiscal General Letitia James, oficialmente se dificulta que los caseros fuercen a sus inquilinos a abandonar sus hogares.
Hasta ahora la ley solo protegía a los inquilinos que pudieran demostrar lesiones físicas. Para la fiscal general, la demanda de prueba física hasta ahora vigente no era razonable al contemplar solo situaciones extremas de acoso. “Durante demasiado tiempo caseros sin escrúpulos han podido someter a los inquilinos de renta regulada a condiciones peligrosas e inhumanas para forzarles a dejar sus casas”, explicaba James.
La nueva ley “asegura que los caseros se enfrentarán a la justicia cuando intencionalmente tengan a los inquilinos en condiciones inseguras, perturbadoras o inhabitables, como la exposición a materiales tóxicos, la falta de calefacción o agua caliente o el uso de construcción que haga de la casa un lugar deliberadamente inhabitable”, explicaba la fiscal en un comunicado.
Dejar sin arreglar una cocina, un baño, tener moho en las paredes o carecer de calefacción o agua caliente es algo que puede ya llevarse ante las autoridades y dejar de ser solo un problema del inquilino para serlo también del casero.
El Gobernador, agradeció a la fiscal la propuesta de ley y celebró que se estén poniendo en marcha una importante batería de protecciones a inquilinos. “Con la firma de esta ley estamos un paso más cerca de una Nueva York más segura, justa y asequible para todos”, dijo el gobernador.
La nueva ley convierte en delito menor acosar a un inquilino de renta regulada cuando un casero intenta que este se vaya haciendo imposible que se viva en un apartamento por sus condiciones de inhabitabilidad o por mantener una condición que comporta riesgo a la seguridad, salud o comodidad de quienes habitan la propiedad.
También se amplía el castigo para los caseros que tratan de echar de sus hogares a varios inquilinos que viven en renta regulada. Puede perseguirse criminalmente.
La senadora Liz Krueger, que ha sido junto con el asambleísta Joe Lentol, patrocinadora de la ley explica que durante años ha oído “muchas historias de terror de los votantes sobre el acoso que han sufrido por parte de caseros sin escrúpulos que han intentado echarles de sus casas”. “Hasta ahora ha sido casi imposible acusar criminalmente incluso a los peores de ellos”.
Queda por hacer
La coalición Housing for All, que aglutina a 70 organizaciones que representan a inquilinos, residentes en vivienda pública y desamparados en Nueva York tienen aún más demandas para el Legislativo del estado.
Desde esta organización se ha pedido al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y a los legisladores a dar prioridad a políticas que acaben con los desahucios y la crisis de los sin techo.
En este sentido esta coalición quiere ir más allá de las protecciones a la renta regulada para cuestiones como los desahucios. El objetivo es que los inquilinos que no vivan en apartamentos de renta regulada tengan derecho a renovar su alquiler con incrementos limitados y asequibles. Adicionalmente se quiere que se eliminen las subidas actuales por Mejoras Grandes de Capital o Major Capital Improvements.
Housing for All también está pidiendo que se eliminen actuales subsidios a los desarrolladores de viviendas más grandes en caso de que no pongan en el mercado vivienda asequible y que haya políticas fiscales progresivas para que quien más tenga y las empresas paguen más por las inversiones que se requieran en vivienda en la ciudad.
Algunas de esas inversiones pasan por asegurar que se rebaje el número de desamparados en la ciudad con 20,000 unidades de viviendas de apoyo para personas vulnerables que tengan problemas mentales y condiciones crónicas de salud.
Esta coalición aboga por proveer asistencia para el pago del alquiler para que más personas puedan salir de los shelters y una inversión de $3,000 millones en vivienda pública en todo el estado.
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